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La UCV entre la bonanza y el viernes negro

De la “Venezuela Saudita” al “recibo un país hipotecado” no hubo más que un par de años.

Carlos Andrés Pérez, que gobernó con la más exuberante riqueza petrolera cede la silla presidencial a un Luis Herrera Campíns, candidato del opositor partido demócrata cristiano, y que ganó las elecciones del 3 de diciembre de 1978 al grito de: Luis Herrera arregla esto.

Para 1979, momento de su ascenso al poder,  Venezuela era “un país de marcados contrastes, con sus puertas abiertas sin embargo a los migrantes de Colombia y de los otros países andinos, con una población alrededor de catorce millones de habitantes, entre los cuales, convivían en estupendas condiciones, un contingente de migrantes, muchos de ellos valiosos, del denominado cono sur (argentinos, chilenos y uruguayos), que en su mayoría vinieron a la Venezuela civil y democrática, exiliados, de luto, huyendo de las barbáricas dictaduras militares, que prevalecían también en Brasil y Paraguay”[1].

En su discurso inaugural, Luis Herrera Campíns, marca el territorio de la cancha en la que jugará al expresar que la economía está “desajustada y con signos graves de desequilibrios estructurales y de presiones inflacionarias y especulativas que habían erosionado alarmantemente la capacidad adquisitiva de las clases medias y de los innumerables núcleos marginales del país”[2].

Exterminar los focos

Poco antes del colapso económico e institucional, un evento crispa el estado de ánimo nacional.

El 4 de octubre de 1982, aviones de la Fuerza Aérea de Venezuela dejan caer sobre una zona boscosa a las afueras de Cantaura en el estado Anzoátegui, un racimo de 17 bombas de 250 libras. Al mismo tiempo y de manera coordinada, un batallón conformado por 1.500 uniformados del Ejército, la Guardia Nacional, y de la policía política: Disip, rodean la zona y capturan a un grupo de jóvenes, mayoritariamente estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), sobrevivientes del bombardeo y que realizaban una reunión política en ese poblado del oriente del país.

Tras el paso de los aviones, se contará la muerte inmediata de 23 de esos jóvenes universitarios. Un evento que quedará registrado en el gobierno de Luis Herrera Campíns como “La masacre de Cantaura”.

Para ese momento y a pesar de que la política de pacificación de los focos guerrilleros data del primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1974), en Cantaura se hallaban reunidos, estudiantes de la UCV con algunos dirigentes de la vieja guardia del partido político Bandera Roja que, entrados los años ochenta, seguían manteniendo que la lucha armada era la forma, el camino.

No obstante, la intensidad de aquel operativo militar, “respondía a la necesidad de evitar que los revolucionarios y sus instrumentos armados se convirtieran en la referencia política de la población; esto explica que paralelamente a la Masacre de Cantaura, alrededor de 300 dirigentes del área estudiantil, magisterial, vecinal o sindical, fueran enjuiciados por rebelión militar”[3].

Pero no será Cantaura, el único evento que trastoca la vida de la UCV, durante el segundo gobierno de la democracia cristiana en Venezuela.

Para el momento en que se registra la “masacre de Cantaura”, la situación interna de Venezuela muestra evidentes señales de alarma.

“Ya en 1982 se leía en la prensa, no sólo escandalosos casos de corrupción, la imparable fuga de divisas ($100-125 millones diarios) y las aparentes disputas que agravaron las políticas económicas erradas del gobierno, particularmente entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central” [4]

Pero será el “Viernes Negro”, viernes 18 de febrero de 1983, cuando se registrase un descalabro institucional y por consecuencia, social, que parte las aguas de la democracia representativa.

“El gobierno del presidente Luis Herrera Campíns anunció al país el fin de la libre convertibilidad del bolívar a 4.30 por dólar, su devaluación en un 30% y el establecimiento de tasas de cambio múltiples derivadas de las políticas económicas emprendidas desde 1979 y finalmente la creación del Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi). Desde el viernes negro en adelante, Venezuela entró en una espiral de deterioro y decadencia”.[5]

Una vez que el gobierno de Herrera Campíns formula, y casi inmediatamente asume el fracaso de sus medidas económicas, acuerda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la devaluación del Bolívar, “iniciándose de esta manera un camino que conduce al país a un abismo de devaluación permanente de nuestro signo monetario”.[6]

Quizá, una de las consecuencias más resaltantes de la devaluación aplicada por el gobierno, es la inmediata política de austeridad y reducción del gasto público. Lo que se patentiza en la reducción de la inversión del Estado en los sectores: inversión en salud, vivienda y por supuesto, educación. Al tiempo que se demandó a las autoridades universitarias del país, austeridad y control presupuestario.

“La comunidad universitaria reaccionó con fuerza y contundencia una lucha de unidad intergremial (todos los gremios universitarios) contra la orientación económica del gobierno y sometimiento de las autoridades universitarias a dichas políticas”.[7]

En pie de lucha

En julio de 1982, el gobierno aprueba las Normas sobre Homologación de Sueldos y Beneficios Adicionales de los miembros del personal docente y de investigación de las universidades nacionales. Texto legal que es repudiado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), por considerarla una medida unilateral.

Entre otras medidas legales, a finales de 1982 se inician una serie de paros de profesores y trabajadores de las casas de estudio superior: La Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de Los Andes (ULA) y Universidad de Carabobo (UC). Todas aludían a problemas presupuestarios.

Seguidamente, a principios de 1983 las Universidades Central de Venezuela, Universidad de Oriente, UCLA (Universidad Occidental Lisandro Alvarado) y el resto de las universidades evalúan la convocatoria a un paro general indefinido. “No obstante a las universidades en paro como la ULA y UC el gobierno decretó la suspensión del pago de nómina el 11 de marzo de 1983”.

“Producto de la política neoliberal y de austeridad iniciada e implementada por el gobierno de Luis Herrera al interior de las universidades, comienzan a instrumentarse políticas (…) dirigidas a crear en estas instituciones mecanismos de autofinanciamiento que fueron aprobadas por las autoridades universitarias y consejos universitarios de ese entonces. Así, se aprobaron formas de autofinanciamiento que contemplan reducción de la gratuidad estudiantil en los estudios, en los servicios del comedor, transporte, asistencia médico-odontológica, becas, etc, e igualmente el cobro de ciertos aranceles para los estudios de postgrado”.[8]

Electo Edmundo Chirinos como rector de la UCV (1984-1988), impulsa una serie de medidas de recorte de gastos que, van a recaer en los estudiantes: eliminación de becas, aumento del comedor universitario a 10 bs, el pago de matrícula y la suspensión de las pasantías.

Los paros y huelgas de la UCV y otras universidades comprenden, no solamente el periodo de Luis Herrera sino de los gobiernos siguientes.

Camino del despeñadero

Para Lionel Muñoz Paz, historiador y director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la UCV, el Viernes Negro marca la vida de la UCV, lo mismo que la del resto del país.

“Esa fecha significó para la UCV lo que significó para toda Venezuela, el inicio de un lapso signado por el creciente deterioro de la calidad de vida del tiempo anterior, y se tradujo en el inicio de un tiempo de mucha protesta social, protesta a la que la universidad no va a ser ajena”.

Los años siguientes serán claves en el devenir de la “Casa que vence la sombra”, añade el profesor Muñoz. “Un año clave para comprender el papel de la universidad y más específicamente de aquel movimiento estudiantil fue el año 1987. En ese año hubo un pequeño sacudón en Mérida que se extendió al resto del país. Un sacudón estudiantil. Y luego la universidad va a estar presente en todas las jornadas de protestas previas y posteriores al 27 de febrero de 1989”.

Es, en definitiva, el tiempo por venir.


[1] NAVAS A. 2021. El Rey Felipe V de España y la fundación de la Universidad de Caracas en 1721, hoy Universidad Central de Venezuela [libro electrónico] / Caracas: 1ra edición digital, Ediciones de la Biblioteca EBUC-UCV.  P. XXVI y XXVII.

[2] En: INDEPENDENCIA 200. Número 169 Editado por la Comisión Presidencial para la Conmemoración de la Independencia de la República Bolivariana de Venezuela. P. 35.

[3] MANIGLIA T, CARVAJAL I. 2011. Cronología de una implosión La década final de la IV República, 2da Edición.Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Dirección de Comunicaciones Presidenciales. Caracas. P. 34.

[4] NAVAS A. 2021. El Rey Felipe V de España y la fundación de la Universidad de Caracas en 1721, hoy Universidad Central de Venezuela [libro electrónico] / Caracas: 1ra edición digital, Ediciones de la Biblioteca EBUC-UCV.  P. XXVI y XXVII.

[5] Ibidem.

[6] MORENO PÉREZ A. 2019. Sesenta años del Decreto Ley de Universidades (1958). Autonomía universitaria plena: origen, desarrollo, transformación y transfiguración (1958-2018). Educere, vol. 23, núm. 350-351.

[7] Ibidem.

[8] Ibidem.

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